La criminalización de las personas queer en la Rusia actual

Tras la declaración del llamado «movimiento internacional LGBT» como organización extremista, las autoridades rusas comenzaron a utilizar activamente la legislación antiextremista contra personas e iniciativas LGTBIQ+.

Según organizaciones de derechos humanos, desde 2024 se han abierto al menos 19 causas penales por «extremismo» relacionadas con el denominado «movimiento LGBT». Seis de ellas terminaron con sentencias condenatorias en 2025 y otras dos en 2026.

La primera condena de este tipo fue dictada en febrero de 2025. A una persona que ya cumplía una pena en una colonia penitenciaria de régimen estricto se le añadieron seis años más de prisión. La investigación sostuvo que había intentado «involucrar» a otros reclusos en las actividades del «movimiento LGBT».

En septiembre de 2025, Pavel Ivanyuk fue condenado a dos años de prisión condicional. La persecución penal se basó en comentarios publicados en un grupo sobre los derechos de las personas LGTBIQ+ y en reuniones que organizaba en su domicilio.

En diciembre de 2025, otro acusado fue condenado a dos años y seis meses de prisión por comentarios publicados en Telegram. El tribunal consideró que las ideas difundidas por el acusado no se ajustaban a los «valores espirituales y morales de la sociedad rusa».

En marzo de 2025, Iliá Zhuravliov, residente de la región de Uliánovsk, fue juzgado por obligar a un subordinado a realizar actos de carácter sexual. Además de esta acusación, fue procesado por participar en las actividades del llamado «movimiento internacional LGBT». El tribunal lo condenó a tres años de prisión y al pago de una indemnización a la víctima.

Uno de los acusados en causas relacionadas con el llamado «extremismo LGBT» fue Andréi Kotov, quien falleció mientras permanecía en prisión preventiva. En noviembre de 2025, un tribunal dictó una sentencia condenatoria contra él por organizar viajes turísticos para hombres gais. Posteriormente, el caso fue archivado debido al fallecimiento del acusado.

La represión no afectó únicamente a personas particulares, sino también a iniciativas comunitarias. Artiom Fokin, responsable de la iniciativa LGTBIQ+ «Irida», fue multado con 450.000 rublos en una causa relacionada con el llamado «extremismo LGBT».

En la ciudad de Chitá, Tatiana Zorina, propietaria de un club nocturno de 23 años, fue condenada a cuatro años de prisión por organizar fiestas drag.

Paralelamente a la persecución penal, las organizaciones de derechos humanos han registrado un aumento de la violencia contra las personas LGTBIQ+. Según sus datos, en 2025 se cometieron al menos siete delitos graves contra personas LGTBIQ+ en Rusia, incluidos tres asesinatos.

Estos casos muestran que, tras la prohibición del llamado «movimiento internacional LGBT», la persecución penal afecta cada vez más no solo a activistas, sino también a personas corrientes cuya actividad está relacionada con la comunidad LGTBIQ+ o con la expresión pública de su identidad.

@Ruinas_Kremlin