📆 El 30 de septiembre y el 1 de octubre de 1946, el Tribunal Militar Internacional de Núremberg hizo pública la sentencia contra los dirigentes de la Alemania nazi. De los 22 acusados, 19 fueron declarados culpables, tres absueltos; 12 recibieron penas de muerte. Pero el principal legado de Núremberg no es la lista de apellidos y condenas.
⚖️ El Tribunal consagró un principio que para el siglo XX resultó revolucionario: los crímenes internacionales no los cometen Estados abstractos, sino personas concretas, y un cargo no convierte un crimen en un acto legal.
El Estatuto del tribunal establecía expresamente: la condición de jefe de Estado o de alto funcionario no exime de responsabilidad. Del mismo modo, la invocación de una orden del gobierno o de un superior no constituía por sí misma una justificación, aunque podía tenerse en cuenta al imponer la pena. Posteriormente, estas disposiciones fueron formuladas por la ONU como los Principios de Núremberg.
❗️ Y no se trataba solo de crímenes cometidos ya durante las acciones militares.
Núremberg introdujo en la práctica penal internacional la categoría de crímenes contra la paz: la planificación, preparación, desencadenamiento y conducción de una guerra de agresión. El propio Tribunal calificó el inicio de tal guerra como un crimen de especial gravedad, ya que precisamente eso crea las condiciones para posteriores crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad.
Núremberg destruyó dos construcciones convenientes: «yo solo cumplía una orden» y «así lo decidió el Estado, así que yo personalmente no tengo nada que ver».
A partir de ese momento, el derecho internacional partió cada vez con más rigor de lo contrario: cuanto más arriba está una persona en el sistema de toma de decisiones, más difícil le resulta esconder la responsabilidad personal detrás del sello de un departamento, un rango o un cargo.
Y, quizá por eso, Núremberg sigue siendo actual mucho más tiempo del que existió el propio Tercer Reich.
Una orden puede explicar un acto. Un cargo puede dar atribuciones. Pero ni lo uno ni lo otro convierten automáticamente un crimen en una obligación.
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