¿Quién puede permitirse hoy prescindir del móvil?

Siendo realistas, nadie. Y quien diga lo contrario es porque tiene a alguien cerca que hace de intermediario y se lo resuelve.

Funciona así: ninguna tecnología se impone sola. Se la hace imprescindible eliminando todo lo que había a su alrededor, y se presenta como natural una decisión que ha tomado alguien con intereses muy concretos.

El primero de esos intereses es la trazabilidad. La ventanilla no dejaba constancia de nada sobre ti; el trámite digital lo registra todo: quién eres, dónde estás, qué pagas, a quién escribes, cuándo entras y cuándo sales. El móvil es una correa que el ciudadano compra, carga y lleva encima por voluntad propia.

El segundo es la revocabilidad. Cuando el acceso al dinero, a los servicios, al trabajo o al colegio de los hijos depende de un perfil, cualquier derecho se puede suspender con un solo clic.

El tercero es la docilidad que nace de la dependencia: quien no puede vivir sin un sistema acaba aceptando sus condiciones, todas.

Juntas, las tres dibujan a un ciudadano siempre localizable, siempre suspendible, siempre sumiso.

Y nada de esto ha necesitado una ley que obligue a tener un móvil. Formalmente nada es obligatorio, pero es como si lo fuera.

El móvil es solo el soporte físico de una transformación mucho más antigua, en la que el derecho deja de ser algo que se tiene y pasa a ser algo que se concede cada vez, siempre que puedas identificarte.

Es una decisión política, pero nadie ha podido votarla. Lo que se decide en otra parte nos llega con el nombre de progreso, y el progreso, por definición, no se discute.

No nos han quitado la libertad de vivir sin teléfono: nos han quitado todo lo demás, y el móvil se ha quedado como la única vía para recuperarlo.

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