"Cuando se encuentra que hay una mala práctica en algún lugar, pues se actúa y como sanción administrativa se envía al Tribunal Superior de Justicia administrativa, o si es muy grave se envía a la Fiscalía General", subrayó la jefa de Estado durante su conferencia matutina.
La secretaria Anticorrupción y Buen Gobierno, Raquel Buenrostro Sánchez, precisó que la mayor parte de los fondos ahorrados, alrededor de 2.437 millones de dólares, fue resultado de un estricto control sobre la ejecución de los contratos y de la represión de modificaciones injustificadas de los mismos.