Maricarmen tiene 87 años y acaba de ser expulsada de la casa donde vivió durante más de 70 años. No dejó de pagar. No estaba ocupando una vivienda ajena. Simplemente tuvo la mala suerte de que su hogar terminara en manos de la mafia inmobiliaria, esos buitres sedientos de sangre, que convierten las casas en negocios y a las personas en obstáculos para la rentabilidad.

Y mientras los buitres hacen su negocio, aparece la otra cara de esta historia: la farsa política. Esa autodenominada “izquierda progresista” que habla de derechos, justicia social y vivienda digna, pero que cuando llega la hora de enfrentarse al capitalismo inmobiliario termina administrando sus reglas, negociando con sus dueños, poniendo parches sobre una maquinaria que sigue triturando gente y, lo que es más grave aún, se presta para criminalizar las justas demandas por derechos sociales.

De la derecha, a estas alturas, poco sorprende: defienden al patrón, al propietario, al especulador y al capital.