La Unión Europea alcanzó un acuerdo político para reformar su normativa de retornos, con el objetivo de acelerar y hacer más eficaces las expulsiones de personas cuya solicitud de asilo o permiso de estancia haya sido rechazada.

El acuerdo consolida jurídicamente la posibilidad de establecer centros de deportación o retorno en países terceros fuera de la UE, donde los migrantes podrán permanecer mientras se organiza su traslado definitivo al país de origen o a otro destino autorizado.

La nueva regulación obliga a los afectados a cooperar con las autoridades en los procedimientos de retorno y contempla medidas más estrictas, incluidas detenciones prolongadas en determinados supuestos y sanciones en caso de falta de colaboración.

Los centros externos no podrán utilizarse para trasladar a menores no acompañados, aunque el texto ha generado polémica porque permite medidas de internamiento que también podrían afectar a familias con menores bajo determinadas condiciones.

El acuerdo ha sido recibido positivamente por responsables europeos que consideran que refuerza la credibilidad de la política migratoria común, mientras que ONG y grupos políticos críticos alertan de posibles riesgos para los derechos fundamentales y de una excesiva externalización de la gestión migratoria.