🇪🇸❗️ Pedro Sánchez aprueba dos decretos de emergencia habitacional que prohíben desalojos hasta 2030 y congelan alquileres hasta 2028

El gobierno español de Pedro Sánchez aprobó el día de ayer dos decretos de emergencia en respuesta a la crisis de vivienda que sacude al país, donde el 30% de la población vive de alquiler y se producen 25.000 desalojos al año. El detonante fue el caso de Maricarmen Abascal, una anciana de 87 años en silla de ruedas a quien intentaron echar de su apartamento después de vivir allí durante siete décadas, lo que generó una ola de indignación y llevó a cientos de personas a acampar en la Puerta del Sol de Madrid desde el sábado. Las medidas aprobadas prohíben echar a personas vulnerables de sus casas hasta finales de 2030, permiten extender automáticamente por dos años los contratos de alquiler vigentes, congelan los precios de los alquileres más caros hasta 2028, prohíben a los fondos de inversión comprar viviendas hasta 2028 y obligan a los apartamentos turísticos a pagar el IVA como cualquier negocio. La empresa que intentó desalojar a Maricarmen firmó finalmente un nuevo contrato de 8 años a un precio que no puede superar el 30% de su jubilación de 1.450 euros al mes.

Los críticos del decreto señalan varios problemas concretos. El primero es el riesgo de que la prohibición de desahucios beneficie no solo a inquilinos vulnerables sino también a quienes ocupan viviendas ilegalmente, los llamados "okupas". Según la Plataforma de Afectados por la Ocupación, el decreto impide echar a personas que viven en una casa sin pagar, incluso cuando el propietario es una persona normal con pocas propiedades, no un gran fondo de inversión. Esto desincentiva a los pequeños propietarios, muchos de ellos pensionistas que dependen del alquiler como complemento a su jubilación, a poner sus viviendas en el mercado por miedo a no poder recuperarlas si el inquilino deja de pagar. El segundo problema es que el decreto no ataca la causa principal de la crisis: la falta de viviendas disponibles, que según datos del sector cayó más de un 20% en el último año. Expertos inmobiliarios señalan que cargar más obligaciones sobre los propietarios reduce aún más la oferta disponible, empeorando el problema que se quiere resolver. La abogada especialista Arantxa Goenaga lo resumió así: "El decreto traslada al propietario una función que corresponde al Estado."

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