Las familias de Finca Las Costas denuncian que 25 viviendas podrían ser demolidas y que las intimaciones establecen plazos que vencen el 28 de octubre. Las medidas se inscriben en un conflicto judicial iniciado a partir de un amparo ambiental de 2020. Las familias cuestionan que la medida alcance viviendas que, según sostienen, existían antes de las restricciones judiciales.

El conflicto territorial viene de meses atrás. En junio, la Legislatura salteña aprobó la cesión en comodato por 25 años de nueve hectáreas ubicadas en territorio reclamado por la Comunidad Lule a favor del Tigres Rugby Club. La comunidad denunció que la decisión se tomó sin consulta previa.

Ahora, 54 familias enfrentan la amenaza sobre sus viviendas y su permanencia en el territorio.
La comunidad volvió a plantearlo en las calles: “No al despojo de Finca Las Costas”.

El caso se suma a una serie de conflictos territoriales que atraviesan a comunidades indígenas de distintas provincias, en un contexto nacional de cambios en las políticas de tierras y de avance de procesos de desalojo.